Ticos S.A.: ¿Y si Costa Rica ya es una empresa privada? 3q1h5i

Advertencia al oyente. Este episodio no pretende cuestionar el orgullo nacional de ningún tico, ni el café de Tarrasú, ni el perezoso de camiseta, ni el eslogan de pura vida. Pero vamos a hablar de algo más profundo, de cómo Costa Rica, el país sin ejército y con Nobel de la Paz, ha ido mutando silenciosamente en una empresa de servicios bien gestionada. Si alguien espera una postal tropical, se equivoca de podcast. Aquí vamos a revisar las cuentas, el modelo de negocio y las facturas que tal vez nos están cobrando. Costa Rica ha sido durante mucho tiempo un ejemplo en América Latina por su estabilidad política y enfoque en la sostenibilidad.

Sin embargo, en los últimos años el país ha adoptado políticas económicas que reflejan una orientación más empresarial. Las zonas francas han sido un pilar en esta transformación. Según datos de la Promotora del Comercio Exterior, Procomer, en 2023 estas zonas representaron el 14% del Producto Interno Bruto de Costa Rica, generando más de 247.000 empleos directos e indirectos. Además, los salarios en estas zonas son 1.8 veces más altos que el promedio del sector privado. Por otro lado, el uso de tecnologías financieras como Simpemóvil ha aumentado significativamente.

Para finales de 2024, el 76% de los costarricenses mayores de 15 años utilizaban activamente este sistema, realizando cientos de millones de transacciones cada año. Aunque estas herramientas han facilitado las transacciones, también han planteado desafíos en términos de fiscalización y evasión fiscal. Un artículo reciente señala que Simpemóvil se ha convertido en una de las principales herramientas de evasión fiscal del país, permitiendo la evasión anual de hasta dos puntos del PIB. Estas políticas han generado debates sobre el equilibrio entre atraer inversión y mantener la equidad social.

Mientras que las zonas francas y la inversión extranjera han impulsado el crecimiento económico, también han planteado preguntas sobre la distribución de la riqueza y el impacto en los servicios públicos.

La economía informal representa casi la mitad del empleo total en el país.

Mientras el régimen de zona franca tributa menos del 1% efectivo, el comercio minorista, los trabajadores independientes y las pequeñas empresas enfrentan cargas tributarias que asfixian. Hay un doble país, uno que compite con Irlanda por atraer inversión y otro que compite con Honduras por sobrevivir sin red. El crecimiento desigual se refleja también en la geografía.

San José, Heredia y Alajuela concentran la mayoría de las zonas francas, mientras provincias como Limón o Guanacaste aún luchan con indicadores de pobreza estructural. La brecha no es sólo económica, es educativa, sanitaria, digital. El a internet de banda ancha, por ejemplo, sigue siendo limitado en las zonas rurales y eso, en una economía basada en servicios digitales, es una forma moderna de exclusión. Pero quizá donde más se nota la transformación del Estado en empresa es en los servicios públicos.

El Instituto Costarricense de Electricidad, durante décadas un símbolo del modelo tico, ha sido objeto de reformas y externalizaciones que reducen su peso real. Se promueve la competencia, se privatizan funciones clave y se reduce la inversión pública directa. Lo mismo ocurre en salud, donde la caja costarricense de Seguro Social enfrenta una presión creciente para operar con lógica de eficiencia y rentabilidad, en un contexto de envejecimiento poblacional y creciente demanda de servicios. En educación se observa una tendencia similar, mientras las universidades públicas enfrentan recortes presupuestarios, el sector privado crece con agresividad, ofreciendo carreras rápidas orientadas al mercado laboral, muchas veces en alianza con las propias empresas que operan en zonas francas.