Donde muere la esperanza y el crimen se transmite en vivo 131855

Hay cifras que no caben en un Excel, ni caben en la mente sin producir un eco amargo.

1.400 millones de dólares pasaron por el sistema financiero de Estados Unidos en operaciones vinculadas al fentanilo.

No es solo el precio de la muerte, es la arquitectura del silencio.

Porque si el fentanilo fluye desde Asia hasta América del Norte, también lo hace el dinero sucio que deja a su paso.

En casinos de Nevada, en empresas pantalla dirigidas por ciudadanos chinos, en transferencias de 5000 dólares cuidadosamente trozadas para evitar alarmas.

El informe más reciente de la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de Estados Unidos, confirma que el Cártel de Sinaloa y el Cartel de Jalisco Nueva Generación han encontrado no solo rutas, sino refugios para sus ganancias en pleno corazón del sistema bancario occidental.

Y es aquí donde el relato latinoamericano se cruza con el del poder global.

Porque mientras México intenta contener la sangre, el mercado norteamericano ofrece lavadoras automáticas para el dinero del crimen.

Mientras se acusa a China de enviar precursores químicos, se omite que ciudadanos chinos en territorio estadounidense actúan como intermediarios financieros para los cárteles.

La guerra contra las drogas no se libra en la selva, sino en los escritorios.

Y en esos escritorios, la complicidad no es una sospecha, es una estructura.

Pero la digitalización del crimen va más allá de las finanzas.

En Ecuador, las bandas criminales no solo asesinan, transmiten, suben sus masacres a TikTok, se promocionan en Telegram, reclutan en Instagram.

Lo que antes era territorio ahora es algoritmo.

El miedo viaja más rápido que las balas.

Y mientras el Estado se desintegra, las bandas construyen una narrativa propia.

Ya no se ocultan, se exhiben, se musicalizan, se viralizan.

Y en ese mundo, una pistola en la mano y un teléfono en la otra no son contradictorios, son complementarios.

Y mientras algunos países luchan contra el crimen digitalizado, otros aún cargan con el peso del crimen institucionalizado.

En Perú, la condena a 15 años de prisión del expresidente Ollanta Humala por lavado de activos vinculados a Odebrecht marca un hito jurídico.

No porque sea extraordinario un presidente corrupto en América Latina, sino porque por primera vez se castiga el delito específico de financiación ilegal de campaña.

No por robar desde el poder, sino por llegar al poder con dinero sucio.

Es un matiz crucial, porque revela que el problema no es solo lo que se hace con el poder, sino lo que se está dispuesto a hacer para conseguirlo.

Y en Bolivia, mientras Evo Morales reaparece sin partido pero con discurso, reaparece también el fantasma del caudillismo latinoamericano.

El viejo libreto persecución, mística popular, ambigüedad legal y una base sindical dispuesta a llevarlo otra vez a la cima, aun si eso significa erosionar aún más las reglas del juego democrático.

No es un fenómeno aislado, es parte de una región donde la institucionalidad suele ser vista como un obstáculo y no como un horizonte.

Pero hay liderazgos que, con todos sus claroscuros, el continente ha aprendido a identificar como excepcionales.

En El Salvador, Nay Bukele propone un canje repatriar 250 y dos presos venezolanos a cambio de la liberación de 250 y dos presos políticos encarcelados por el chavismo.

Es un movimiento inédito, provocador, simbólicamente cargado, porque no solo denuncia la represión en Venezuela, también reclama liderazgo moral en el hemisferio.

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