Justicia sin Estado · La Anarcopedia · EP03 454t1l

Cuando alguien escucha por primera vez la idea de una sociedad sin Estado, una de las primeras objeciones suele ser, ¿pero entonces quién imparte la justicia? ¿Pensarían que viviríamos en una noche de la purga constante? Parece impensable que pueda haber orden, leyes o castigo a los delitos sin un apartado estatal detrás. Esta reacción, comprensible a su vez, se basa en un hábito. Hemos crecido en sociedades donde el Estado se presenta como único garante de la justicia.

Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si existieran alternativas mejores, más justas y a la vez más eficientes? Lo veremos aquí, en la Anarcopedia, una sección del Punto Ancap. Precisamente lo que falla en la justicia estatal es que no es neutral, ni tampoco perfecto y mucho menos barato. Es lento, inaccesible, burocrático y en muchos casos injusto. Cuando una persona tiene un conflicto legal no puede elegir a qué sistema acudir. El Estado impone su ley, sus jueces y su forma de resolverlo.

Y si el resultado es injusto, no hay más opción que acatarlo o pagar por recurrir.

Los abogados de oficio, para quienes no pueden pagar, están saturados, mal pagados y muchas veces no pueden ofrecer una defensa de calidad. Los plazos judiciales pueden alargarse durante años, lo que perjudica especialmente a las personas con menos recursos. Además, las leyes muchas veces benefician al poder político o económico. Y esto, al fin y al cabo, lo acabamos acatando como si realmente se tratara de justicia. En una sociedad anarco capitalista la justicia no estaría centralizada ni monopolizada. Sería un servicio, como cualquier otro, ofrecido por múltiples agencias privadas especializadas en resolver conflictos.

La clave es que las personas podrían elegir el sistema al que acudir, igual que hoy eligen compañías de seguros, bancos o servicios médicos. Cuando dos personas firman un contrato, pueden acordar de antemano qué agencia arbitral resolverá los conflictos si los hubiera. Estas agencias aplicarían normas privadas basadas en el derecho natural, en principios éticos reconocidos por ambas partes, o incluso en costumbres compartidas. En los casos en que las dos partes estén afiliadas a agencias diferentes, esas agencias tendrían convenios de cooperación y reconocimiento mutuo, igual que ocurre hoy en arbitraje internacional o entre bancos.

Este tipo de sistemas ya existen en parte, muchas empresas recurren a árbitros privados en lugar de a los tribunales del estado, porque son más rápidos, profesionales y eficientes. Incluso comunidades religiosas o culturales, como los judíos ortodoxos o los musulmanes, tienen sus propias cortes para disputas internas. Cuando hablamos de anarcocapitalismo, siempre suelen surgir el mismo tipo de preguntas, ¿qué pasaría con la gente que tiene un poder adquisitivo más bajo que la media? Y de ninguna manera defendemos que la gente pobre no tendría a justicia.

Para eso uno tiene que asumir que el sistema estatal sí que se los da, cuando la realidad es que no lo hace bien, o ya vemos como quienes tienen menos recursos están en desventaja en los tribunales estatales. Sin embargo, en un entorno libre habría múltiples formas de garantizar a la justicia para todos. Existirían seguros legales, igual que hoy existen seguros médicos o de hogar, y habría seguros jurídicos a precios competitivos. Habría también cooperativas comunitarias, grupos de vecinos o asociaciones que podrían crear fondos comunes para cubrir la asistencia legal.

Por otro lado, tampoco podemos obviar la existencia de fundaciones y beneficencia, como ocurre con clínicas o escuelas de salud.