El enfado de Perelló 6g5i25

Y si actuamos con la dureza o el extremismo de las derechas ultras o de las izquierdas ultras, habremos fracasado moralmente y como personaje y como organización cultural, que lo que pretende es por medios societarios, no desde el Estado, cambiar de verdad el estado de opinión de civilización de los españoles, para que se den cuenta que lo que han heredado, lo que tienen hoy, es la herencia que han merecido, porque es una herencia franquista, y nosotros queremos cambiar eso con la razón, con la generosidad, con la igualdad y con la grandeza de ánimo, de que España la respetamos más que nadie, la queremos más que nadie, quiere decir más que nadie, de los partidos actuales, si los partidos no se quieren más que a sí mismos y quieren al Estado, son partidos estatales, que es una definición imposible, nosotros no queremos ni un solo partido estatal, que el contribuyente no pague a ningún partido.

Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente, la radio del MCRC, el movimiento de ciudadanos hacia la república constitucional, dado por Antonio García Trinijano.

La lucha por el derecho, con Pedro Manuel González.

La presidente del Tribunal Supremo, que lo es también del Consejo General del Poder Judicial, doña Isabel Pereyo, ha manifestado públicamente su enfado, tan correcto en la forma como impotente en el fondo, ante la falta de acuerdo entre sus vocales llamados progresistas y los llamados conservadores, para nombrar a los presidentes de las salas segunda y tercera del propio Tribunal Supremo.

La cuestión no es cosa de poco, ya que se trata de las salas de lo penal y de lo contencioso istrativo, es decir, las que resolverán en última instancia jurisdiccional de los plitos criminales que afectan a la clase política y su entorno, como por ejemplo lo referido a la esposa del presidente, lo referido a su fiscal general del Estado, como no tienen empacho en decir, al hermano igualmente del presidente, así como también a la actividad normativa y reglamentaria, esto en cuanto a la sala de lo contencioso istrativo, que igualmente afecta al gobierno en cuanto a esa falta también de separación de poderes en la que el gobierno es auténtico legislador de primer grado.

Al parecer, los bloques ideológicos de los respectivos delegados de los partidos en el Consejo no se ponen de acuerdo para el reparto del poder.

Esto ha causado el retraso de unos nombramientos que para quienes aún creen en el teatrillo pseudo-constitucional vigente deberían estar guiados por el mérito y la imparcialidad, no por afinidades partidistas.

Pero más allá del enfado, más allá de los aspavientos institucionales, lo que aquí se denuncia no es una anomalía puntual, sino se trata de la confirmación sistémica de la ausencia de independencia judicial en España.

Y es que, en una partidocracia como la española, donde los partidos estatales lo ocupan todo, no puede existir por definición independencia judicial.

La justicia no puede ser independiente si su órgano de gobierno máximo, el Consejo General del Poder Judicial, está controlado por cuotas partidistas.

¿Cómo puede ser independiente siquiera aún personalmente un juez que sabe que su promoción depende del favor de un vocal afín a un determinado partido político, que tiene que estar apadrinado en suma? La señora Perelló se enfada, pues, no porque se vulnere la independencia judicial, esa ya fue en realidad enterrada con la Constitución del año 78, sino porque el reparto no se ha concretado, no termina de perfeccionarse.

Lo que en verdad le molesta no es la colonización partidista de la justicia, sino la ineficacia del reparto.

¿Por qué se indignan ahora? ¿Acaso no han sido cómplices activos o pasivos de este sistema de reparto de botín que llaman modelo de gobernanza, ese nombre tan horrible? Los vocales conservadores y progresistas, o así llamados, no representan en realidad visiones distintas del derecho, no representan concepciones alternativas de la justicia, representan simplemente a los partidos que los pusieron ahí.

Son marionetas designadas no por su mérito jurídico, sino por su utilidad política.

Su labor no es proteger la legalidad, sino asegurar que sus padrinos mantengan el control sobre el marco de la justicia.