Breve radiografía de la seguridad en Colombia 3f3l52

Todoagers, aprendiendo sobre riesgos y seguros, presenta… ¡Hola! Soy Iván Escobar Fernández, analista de Seguridad en la Unidad de Inteligencia de International SOS para España. Después de haber inaugurado con el capítulo de Ecuador una serie de podcasts que tienen por objetivo ofrecer una sucinta radiografía de los principales riesgos que afectan a los países más relevantes para las operaciones comerciales españolas, en el episodio de hoy seguiremos centrados en Latinoamérica para presentar un país con el que España mantiene unos fuertes lazos políticos, económicos, comerciales, culturales e históricos, pero que también está marcado por un conflicto interno y unos niveles de violencia muy elevados que se han materializado en aproximadamente 288.000 muertos y 8,7 millones de desplazados internos. Hoy hablaremos de Colombia. La percepción de Colombia como un destino caracterizado por la presencia de guerrillas armadas y narcotraficantes es muy popular.

Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. El Estado colombiano sufre, desde hace ya décadas, una serie de problemas relacionados con la presencia de grupos armados ilegales. Si bien el origen de este conflicto estuvo motivado, en parte, por una serie de desigualdades sociales y económicas, y se remonta a los años 60 con el surgimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, también conocidas como las FARC, o al surgimiento del Ejército de Liberación Nacional, también denominado como el ELN, el entorno de seguridad del país ha ido cambiando conforme evolucionaba el conflicto y sobre todo a medida que más actores participaban o se retiraban del mismo.

De hecho, si bien el número y la intensidad de los enfrentamientos entre el Estado colombiano y estas organizaciones armadas ha disminuido en comparación con los niveles de violencia experimentados en el periodo comprendido desde los años 80 hasta mediados de los 2000, en los últimos años hemos visto un preocupante aumento en las hostilidades y una reconfiguración del panorama delictivo que ha frustrado los esfuerzos por alcanzar la paz y la reconciliación nacional.

De hecho, pese al acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, la geografía colombiana, con sus montañas accidentadas y sus selvas extensas, ha dificultado el control estatal efectivo sobre todo el territorio, propiciando el surgimiento de disidencias de las anteriormente mencionadas FARC, tales como el Estado Mayor Central o la Segunda Marquetalia, y permitiendo la consolidación de nuevos grupos armados y redes criminales, especialmente en zonas remotas.

A diferencia de las guerrillas surgidas en los años 60, estos actores criminales han abandonado su agenda política y revolucionaria, y se dedican principalmente al narcotráfico, extorsiones, secuestros, asesinatos y otros delitos que afectan gravemente a la seguridad de todo aquel que se encuentra en el territorio colombiano.

En este contexto, el presidente Gustavo Petro, en el poder desde el año 2022, implementó la política de paz total, una estrategia ambiciosa que trataba de establecer múltiples canales de comunicación y diálogo con la mayoría de los grupos armados, incluyendo al Ejército de Liberación Nacional, los disidentes de las extintas FARC y otros grupos paramilitares como el Clan del Golfo, para así lograr la reconciliación y reducir los niveles de violencia que sufre actualmente el país.

Sin embargo, la estrategia de Petro ha enfrentado desafíos significativos, tales como la precaria o desarticulada presencia del Estado colombiano en las zonas rurales, lo cual ha favorecido el desarrollo de nuevos cultivos de droga y el surgimiento de nuevas rutas de narcotráfico, o la creciente rivalidad entre las diferentes guerrillas, que se han materializado en escisiones, enfrentamientos armados y conflictos internos entre los propios grupos criminales.

Asimismo, la multitud de voces disonantes dentro de cada organización armada ha dificultado la eficacia de las negociaciones de paz. A pesar de la reducción de enfrentamientos contra el Estado colombiano, los grupos armados han aprovechado la menor presión militar para expandir su control territorial y fortalecer sus economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal, especialmente en regiones como Cauca, Nariño y Antioquia.

Esta expansión ha provocado un incremento de los enfrentamientos armados entre grupos rivales, intensificando la violencia en varias zonas del país. Todo ello se ha materializado en guerras entre los grupos armados, como por ejemplo los enfrentamientos entre los del Estado Mayor Central, el Ejército de Liberación Nacional y el Clan del Golfo a lo largo de la Costa Pacífica.